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lunes, 23 de marzo de 2009

Una huelga para olvidar


El pasado 19 de marzo, el sociólogo Salvador Cardús escribía en El Periódico un artículo sobre la huelga convocada por los sindicatos con representación en la enseñanza pública. Un artículo que plantea problemas de fondo, que analiza objetivamente las claves del conflicto y sus intereses.
Creo que vale la pena reproducirlo:


Es francamente difícil de entender el sentido y el propósito de la huelga que los sindicatos con representación en la enseñanza pública han convocado para hoy, si atendemos a las razones que aducen. En el comunicado de la convocatoria, del 4 de febrero, hay una notable mezcla de reproches al Departament d'Educació, que van desde la supuesta actitud de desprecio hacia los sindicatos --que ellos hacen extensible a todo el profesorado, claro-- hasta la crítica al proyecto de ley de educación de Catalunya (LEC), pasando por la negligencia organizativa y un "déficit democrático" en la toma de decisiones, entre muchos otros. Así pues, el hecho de sumar el no a una ley trascendental para el país con el rechazo a un irrelevante cambio de calendario, o el de pedir que se construyan más escuelas junto con el de hablar de las sustituciones del personal, para acabar exigiendo la dimisión del conseller Maragall --por cierto, la única frase que el comunicado destacada en negrita--, todo puesto en el mismo plano, muestra hasta qué punto el argumentario es un desastrado cajón de sastre. Es decir, una mezcla de reclamaciones posibles e imposibles, de razones fundamentadas con juicios de intenciones y de cuestiones de organización con diatribas ideológicas. En definitiva, se trata de una huelga que, en ningún caso, puede lograr los objetivos que declara.

¿Cómo se debe interpretar esta huelga, pues, si no forma parte de ningún proceso de negociación en particular? Desde mi punto de vista, estamos ante un pulso entre los sindicatos de la enseñanza pública y el Departament d'Educació, en el que los primeros aprovechan un verdadero y en muchos casos justificado malestar del profesorado para continuar con una guerra que jamás resolverá las causas profundas de ese malestar. Efectivamente, las exigencias concretas de la huelga --de las genéricas no es necesario hablar, pues es absurdo pedir la luna-- se deshacen como un azucarillo. Por una parte, y en lo tocante a la LEC, todos los actores sociales implicados en la educación ya han tenido la oportunidad de expresar su opinión --y con total legitimidad, porque es el órgano legislativo del país--, ahora le toca al Parlament de Catalunya aprobar la ley que estime más conveniente. Una ley que será resultado de un pacto de criterios e intereses, como corresponde a una cuestión tan básica como esta. Por otra parte, la protesta por una propuesta de racionalización horaria largamente estudiada y recomendada por el Consell Escolar de Catalunya, o la exigencia de retirar la posibilidad de cuatro horas extra voluntarias --demanda que, por cierto, ya ha sido aceptada por la conselleria-- son insuficientes para dar cuenta de una respuesta tan generalizada como parece previsible que obtenga la llamada sindical.
En cambio, el malestar es real, y eso es lo que da impulso a la huelga, no las razones por las que ha sido convocada. Un malestar, en un cierto sentido, que se podría considerar exagerado, visto que el profesorado es, tal vez, el colectivo de funcionarios --y de trabajadores en general-- que en los últimos años ha visto mejorar de forma más sustancial sus condiciones laborales de sueldo o de reducción del tiempo lectivo, entre otras. Pero es que los fundamentos del malestar no están en lo que los sindicatos exigen hoy, sino en causas mucho más profundas y que, en buena parte, ni siquiera son particulares de la escuela pública catalana, sino de la mayoría de sistemas educativos europeos y occidentales. Bastaría con que volviésemos un poco los ojos hacia el mundo exterior para ver que, con independencia de los modelos, algunas de las razones generalizadas del malestar educativo se deben a lo que podríamos considerar problemas de civilización, a los estilos de vida, las formas de ocio, el papel de las familias, la crisis de expectativas respecto del valor de la escolarización y tantas otras cuestiones ante las que una huelga es un gesto pueril, más propio de una rabieta que de una acción estratégica.

Lo más grave de esta huelga, pues, no es ni el tiempo perdido por los escolares ni las molestias causadas a los padres, sino su inutilidad. Ni servirá para retirar la LEC del Parlament --¡sólo faltaría!--, ni devolverá a los sindicatos la capacidad de tutela de las decisiones de la conselleria, ni hay indicio alguno que haga pensar que, a estas alturas, el president Montilla quiera --ni pueda-- prescindir de uno de los consellers más comprometidos con su cargo. Peor aún: esta huelga añadirá malestar al malestar porque erosiona la ya frágil confianza entre todos los actores educativos. Una confianza que, ante una situación de crisis --y no hablo de la financiera, porque esta era previa--, es la condición necesaria de cualquier posible colaboración entre profesorado, padres, escuela y Administración.
Antes se solía decir aquello de "¡Dios nos libre de un ya está hecho!". De modo que la única manera inteligente de intentar salir del agujero es olvidar lo antes posible esta huelga estéril. E, inmediatamente, trabajar de forma responsable para recuperar la confianza necesaria para plantar cara a unos desafíos que, para bien y para mal, ni son exclusivos de aquí, ni los provoca o los resolverá ninguna política educativa ni ninguna ley en particular, sino una acción concertada de todos.

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