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miércoles, 20 de octubre de 2010

Populares y populistas


Las propuestas del PP sobre inmigración son incompatibles con el Estado de derecho.

La dirección nacional del Partido Popular respalda las propuestas sobre inmigración de su candidata en las elecciones catalanas, Alicia Sánchez-Camacho. En concreto, la obligación de los funcionarios a cargo del padrón municipal de denunciar a los extranjeros en situación irregular que pretendan inscribirse. No se trata, por tanto, de una medida populista adoptada exclusivamente en una comunidad autónoma que, como Cataluña, se resiste electoralmente a los populares; la propuesta de Sánchez-Camacho aparece así como un ensayo del programa con el que el PP concurrirá a las elecciones generales.

Con esta decisión, el PP ha renunciado a utilizar el margen que le conceden las encuestas frente al partido socialista para consolidarse como una opción conservadora capaz de mantener una insalvable frontera con las fuerzas populistas. Si la propuesta sobre el padrón surge del PP catalán es porque ahí, en Cataluña, han aparecido durante los últimos años partidos xenófobos con cierto apoyo electoral, que es el que Sánchez-Camacho pretende disputarles. La grave responsabilidad que adquiere así la dirigente popular, y tras ella la totalidad de su partido, es la de estar legitimando desde una opción democrática medidas incompatibles con el Estado de derecho. Por esta y otras fisuras semejantes, gratuitamente abiertas en el fragor de la búsqueda de votos, es por donde se acaban instalando en el sistema democrático las fuerzas que buscan disolverlo.

Un Partido Popular que hasta ahora no ha desvelado ninguna de sus propuestas económicas para salir de la crisis no tiene reparos en descender a detalles como el comportamiento que deben observar los funcionarios a cargo del padrón. Ese contraste demuestra hasta qué punto ha cedido a la tentación populista, que sustituye la búsqueda de soluciones por la simple designación de chivos expiatorios. El mensaje que está trasladando el PP es que basta denunciar a los extranjeros en situación irregular para que los servicios públicos mejoren por solos, sin necesidad de inversión. Y si la inversión es necesaria, no se entiende por qué hay que ensuciar ese esfuerzo colectivo con una vulneración de los principios del Estado de derecho.

Extender las tareas de policía a los funcionarios a cargo del padrón demuestra qué tipo de sociedad está promoviendo el PP. Según esta lógica, ¿por qué deberían ser solo los funcionarios quienes denuncien y no, también, los vecinos de los extranjeros en situación irregular? Expulsarlos del padrón bajo amenaza de denuncia no combate la ilegalidad, sino que la fomenta. Y eso en momentos en que los flujos migratorios han descendido drásticamente, ante las escasas expectativas de empleo que ofrece la economía española. En estas condiciones, señalar a los inmigrantes como responsables del deterioro de los servicios públicos equivale a dibujar la diana contra la que se puede dirigir el malestar social. Que un partido democrático asuma esa repugnante tarea da qué pensar sobre los problemas que nos aguardan.

Editorial de El País 13.10.10

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