Quién debe pagar el rescate

El profesor Anton Costas suele hacer unos diagnósticos de la actualidad económica muy acertados. Este artículo publicado hoy en El Periódico no es una excepción.

Quién debe pagar el rescate

Si no se da una respuesta adecuada al titular de este artículo, nos podemos encontrar con que paguen justos por pecadores y que, además, la economía y el empleo en España queden en estado de prolongada postración. Tendríamos que dedicar los recursos públicos de los próximos años a pagar las deudas de los bancos en vez de a consumir e invertir para mejorar el potencial de nuestra economía para generar empleo, riqueza y bienestar. La Economía nos dice que esa solución sería errónea e injusta.

Según los principios del buen capitalismo, los beneficios de una actividad económica pertenecen a quien, libre y responsablemente, decide arriesgar su capital para llevar a cabo una actividad económica. El riesgo de perder ese capital es lo que legitima la privatización de los beneficios. Por esa razón nadie cuestiona los grandes beneficios de empresarios españoles como Amancio Ortega, el presidente de Inditex-Zara.

Pero, por la misma regla de tres, cuando el riesgo ha sido excesivo o ha existido una mala gestión las pérdidas deben ser cubiertas en primer lugar por los propios capitalistas. De lo contrario se estaría legitimando la socialización de pérdidas. Esto es lo que están intentando algunos con el rescate de bancos y autopistas.

Se ha dicho que el problema del socialismo es el propio socialismo, mientras que el del capitalismo son los capitalistas. Es una boutade, pero contiene algo de verdad. El socialismo en versión de la extinta Unión Soviética, o el caribeño-cubano, es un sistema perverso en sí mismo en la medida que crea mafias y castas y no reconoce la libertad de la gente para progresar. El capitalismo es, en principio, más igualitarista y ético, dado que se basa en la libertad de la gente para ganarse la vida. Eso sí, en competencia con otros y respetando ciertas reglas morales y principios de comportamiento, como dejaron bien establecido los padres fundadores de la economía de mercado (en aquella época el capitalismo aún no tenía nombre) como el gran economista Adam Smith.

Pero el capitalismo es como el colesterol, lo hay bueno y malo. Nuestro problema es que ha aumentando mucho el malo. Tenemos una epidemia de financieros y hombres de negocios a la búsqueda de amistades peligrosas con los políticos, para que les garanticen los beneficios y les cubran las pérdidas. Los perjudicados son los empresarios y los contribuyentes.

Volvamos ahora a la pregunta inicial de quién ha de pagar el rescate de bancos y autopistas. Los criterios parecen claros. Los primeros en responder de las pérdidas han de ser los gerentes y los accionistas de bancos y concesionarias, con sus retribuciones y con su capital (con la excepción de aquellos a los que, mediante abuso de confianza, se les engañó cambiando sus depósitos por participaciones preferentes).

A continuación han de contribuir a cubrir pérdidas los prestamistas que libremente, desde dentro y fuera de España, decidieron prestar dinero a los bancos para que lo invirtieran en inmobiliarias y concesionarias. La fórmula convencional es una quita, es decir, una disminución del valor de esa deuda. ¿De qué cuantía? La equivalente a lo que hubo de burbuja. Probablemente entre un 30% y un 40%. La propia idea de burbuja hace referencia al valor de una cosa que realmente no existió. El que prestó a los bancos para alimentar la burbuja tiene que cargar con esa pérdida, porque esa parte de la deuda se esfumó cuando explotó la burbuja. De la misma forma que los que compraron su vivienda en la etapa de la burbuja ya están cargando con esa pérdida en su patrimonio. El principio es claro: que cada palo aguante su vela.

Si después de que los accionistas y prestamistas hayan cargado con su parte de las pérdidas se considera que es conveniente para el país rescatar los bancos y las autopistas, entonces el resto de las pérdidas y las necesidades de nuevo capital han de venir de los recursos públicos.

Dado que en este momento las arcas públicas están exhaustas y los mercados de capitales privados no están dispuestos a seguir prestando, es necesario recurrir a la ayuda de los fondos europeos. Eso sí, negociando condiciones razonables, e imponiendo la condición a los bancos rescatados de que han de aumentar el crédito a la economía productiva en una cantidad equivalente a los recursos públicos que reciban.

La experiencia de países como Suecia en 1992 o España en los años 80, cuando desaparecieron una tercera parte de los bancos y hubo que crear un banco malo, nos dice que si se hacen las cosas bien el coste final para el país de este rescate es razonable y bueno para la economía y el empleo. Que sea así o no lo veremos en las próximas semanas cuando conozcamos el acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy con el Eurogrupo.

 

Anton Costas, Catedrático de Política Económica (UB)