Pobreza, desigualdad y reforma fiscal

La rebaja de impuestos que planea el Gobierno implicará previsiblemente el recorte del gasto público

El profesor de economía aplicada de la UAB Josep Oliver publicaba ayer en El Periódico este interesante artículo. Una buena reflexión sobre los impuestos y su relación en la redistribución de la riqueza y el mantenimiento del estado del bienestar. Con el anuncio de la rebaja del IRPF que pretende aplicar el gobierno de Rajoy nos podemos encontrar una vez más con el "pan para hoy y hambre para mañana". Esta manía de algunos gobiernos de derechas de bajar los impuestos (curiosamente siempre aprovechan para bajar más a los que más tienen) y el populismo mediático que nos bombardea a diario, solo tiene un objetivo: adelgazar y debilitar la capacidad de redistribución de la riqueza y por lo tanto, quien más lo sufrirá son las clases bajas. El profesor Oliver lo explica estupendamente.

Llegó la reforma fiscal de Montoro. Y con ella, las críticas y los entusiasmos, según fuera la factura fiscal de cada uno. No voy a entrar en ese debate, que hurta lo más importante. Permítame el lector tirar por elevación y situar esa reforma en el contexto de nuestra creciente desigualdad y pobreza.

Conviene recordar que una parte sustancial de la redistribución de la renta se efectúa a través del gasto. El consumo de servicios públicos o el complemento de pensiones y otras ayudas sociales son muy redistributivos. Y eso, simplemente, porque están inversamente relacionados con el ingreso. Cuanto más baja es la renta del hogar, mayor consumo de sanidad o educación pública, o mayor probabilidad de recibir ayudas. Por eso una rebaja de impuestos que no tenga en cuenta la contracción del gasto efectuada estos últimos años debería levantar todas las alarmas. Porque implicará, en el mejor de los casos, el mantenimiento del insuficiente gasto público actual, y en el peor y más previsible, su disminución.

POR SI ESO no fuera suficiente, la redistribución de la carga tributaria que se plantea, con reducciones más altas para las rentas más bajas, oculta que sus grandes beneficiarios son otros: los salarios más elevados, los ingresos del capital y las rentas empresariales. La reducción del impuesto de sociedades (del 30% al 25%) se vende sin hablar de sus desgravaciones, que provocan que el impuesto finalmente devengado por las grandes empresas esté muy lejos de ese 25%. Por su parte, la disminución de la tributación en el ahorro va a provocar la amarga situación de que, en proporción a sus respectivas rentas, tribute igual un contribuyente que viva de sus inversiones (ingrese lo que ingrese) que un asalariado con menos de 30.000 euros. Y, finalmente, al reducir los tramos, y en especial rebajar el más alto del 52% al 45%, los salarios elevados verán una notable reducción en su factura. Y el régimen de las Sicav, intocable.

Y todo ello en una economía, la española, en la que el gasto de las administraciones públicas está muy alejado de la media de la Unión Europea. Con algo más del 42% del PIB en el 2013 (por subsidios de paro e intereses), continúa lejos del 47% del área del euro, por no hablar de los referentes nórdicos o de países como Francia, Bélgica o Italia, con gastos públicos por encima del 50% de su PIB.

La reducción de impuestos directos se efectúa al margen de las ingentes necesidades sociales del país. Y en unos momentos, además, en los que la pobreza crónica se amplía a extremos insoportables. Para muestra, dos botones. Anteayer mismo, Unicef denunció las carencias --alimentarias y de todo tipo-- de más del 25% de los niños de este país. ¡Más de dos millones de pequeños! ¡Dios mío! Por no hablar de lo que indica, sobre el nivel de nuestro gasto público, el ingente esfuerzo de las organizaciones que mantienen el comedor escolar los meses de verano. ¡Para evitar hambre!

¿Y qué sucederá con el déficit? El Banco de España recordaba que, entre hoy y el 2017, el país tiene que ajustar sus cuentas en 55.000 millones de euros. Si ahora reducimos los ingresos en cerca de 10.000 millones, ya me dirán cómo lo hacemos. Y visto el percal que se cuece, todo apunta a que el gran pagano va a ser, una vez más, el gasto. Porque la respuesta del comisario europeo de Economía, Olli Rehn, ha sido de todo menos amable al recordar que la Comisión Europea aún debería analizar estas cuentas e insistir en que España debe cumplir con sus compromisos. Es decir, un déficit público por debajo del 3% el 2016.

El meollo de la cuestión es que aquí los ingresos de nuestras administraciones son bajos: el 37% del PIB en el 2013, muy lejos del 46% de media de la eurozona, del 44% alemán, el 50% belga o el 53% francés. De ahí la perversidad de esa reforma, porque su núcleo duro es la reducción de la tributación de las rentas de la propiedad, de la empresa y de las más elevadas del trabajo. Y dado que hay que cumplir con el déficit, se da un paso más en la desconstrucción de nuestro pobre Estado del bienestar, hacia su jibarización.

A NADIE LE AMARGA un dulce. Y por eso la rebaja fiscal ha sido bien recibida. Pero no se confundan, en especial los mileuristas. Si efectuasen un balance entre lo que aportan (en IRPF, IVA, cotizaciones sociales, etcétera) y lo que reciben (en educación, sanidad, pensiones, etcétera), verían que, para ellos, ese saldo es favorable. Y que es negativo para los que más ingresan. En eso consiste, justamente, la redistribución, la esencia del Estado del bienestar. La misma esencia que pretende reducir esta reforma. La alegría en casa del pobre dura poco. Y la que tenga por la reducción de su IRPF la va a pagar muy cara. Con menos --y ya es decir-- servicios públicos.