Después de intensas negociaciones entre las entidades municipalistas y la vicepresidenta económica Elena Salgado, al final, se ha llegado al acuerdo de flexibilizar el decreto que prohibía el endeudamiento municipal a partir de enero de 2011. A la espera de que dicha rectificación se publique, y comprobar realmente cuáles son las condiciones, se ha avanzado que los municipios con una deuda inferior al 75% podrán seguir accediendo a crédito.
En el caso de Ripollet es una buena noticia, porque nuestro endeudamiento está muy por debajo de esta cifra (47%) y por lo tanto podremos hacer frente a nuestros compromisos.
Tal y como he comentado en alguna ocasión, el decreto aprobado en mayo era injusto, porque nos situaba a todos los ayuntamientos en igualdad de condiciones, al margen de la gestión económica realizada. Por lo tanto, bienvenida la rectificación, que permitirá, a ayuntamientos como el de Ripollet continuar con las inversiones programadas, sobre todo aquellas que están cofinanciadas por otras administraciones. En nuestro caso, el Plan de mejora del barrio de Can Mas, dentro de la Llei de Barris. Era ilógico que ayuntamientos como el nuestro, saneados económicamente, tuviesen que renunciar a estas subvenciones por la imposibilidad de pedir el crédito necesario para llevar a cabo estos proyectos ya programados.
No obstante, esta medida no arregla el problema de la financiación de los ayuntamientos. Tal y como venimos reclamando desde hace años, hasta que no se apruebe una Ley de Financiación local, no se solucionará el problema endémico que ha originado una situación muy complicada para todos los ayuntamientos y que ha originado un colapso en las finanzas locales. Los ayuntamientos han de recibir la financiación en función de los servicios que prestan (actualmente un 30% de dichos servicios no están reconocidos legalmente).
Por último, me gustaría comentar un dato significativo. Del total de la deuda de las dministraciones públicas de España, la imputable a los ayuntamientos es del 5% del total, una cifra pequeña si tenemos en cuenta el volumen de inversión y servicios que ofrecen los ayuntamientos. De este 5%, el 25% corresponde al ayuntamiento de Madrid, que tiene una deuda de 7.300 millones de euros (159%). Si sumamos la deuda de Madrid, Valencia (109’9%) y Málaga (127%), representa el 40% del total de la deuda de los más de 8.000 municipios españoles. Por poner un ejemplo, la deuda del ayuntamiento de Barcelona, la segunda ciudad española, es del 32%.
He leído con sorpresa en la prensa, que la alcaldesa de Valencia Rita Barberà (PP) ha manifestado que esta decisión “es una maniobra puramente electoral y una argucia para favorecer a los municipios gobernados por el PSOE”. En qué quedamos, ¿no son los del PP los más austeros?. ¿O es que únicamente los son cuando están en la oposición?
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